Los particulares que opten a 'comprar' las licencias podrían estar exentos, a menos que la Agencia Tributaria modifique la convocatoria, de presentar proyectos técnicos, parrillas de programación y contratación de trabajadores,
La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en marcha, mediante anuncio público, la subasta de dos licencias de emisión de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Tenerife, concretamente en las demarcaciones de Santa Cruz de Tenerife y La Orotava, que están anuladas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en referencia a todo el concurso de adjudicación que el Gobierno de Canarias ha perdido en los tribunales.
Concretamente, el 19 de abril del pasado año la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulas las concesiones para los canales de televisión digital terrestre (TDT) que el Gobierno que preside Paulino Rivero concedió en 2007, durante el primer año de la pasada Legislatura.
Esta nueva sentencia hacía por primera vez mención a la nulidad de todas las concesiones otorgadas por el Gobierno en su conjunto, y no por las distintas demarcaciones insulares, comarcales y regionales, como había fallado anteriormente, lo que significaba que el TSJC anulaba el Decreto del 16 octubre de 2007, que fue el que adjudicó las concesiones para la explotación de canales de TDT, de ámbito local, con cobertura municipal o insular.
Daños y perjuicios
Esta nueva anulación sitúa a todos los licitantes en el momento anterior a la valoración de los proyectos técnicos por la Mesa de Contratación, con las consecuencias jurídicas de no tener por concesionarios a las empresas que ganaron las licencias televisivas en el año 2007.
Sin embargo, la Administración General del Estado ha sacado a subasta, por primera vez en toda España, estas dos licencias para cobrar la deuda de aproximadamente 600.000 euros que el adjudicatario debe a la Seguridad Social, con lo está poniendo en 'venta' una concesión pública que, en su momento, estuvo sujeta a las condiciones de un concurso público a la que no estarán sujetos los particulares que pujen por las mismas.
Es decir, que aquellos que aquellos que opten a 'comprar' las licencias estarán exentos, a menos que la Agencia Tributaria modifique la convocatoria, de presentar proyectos técnicos, parrillas de programación y contratación de trabajadores, entre otros.
Pero no es ésta la única irregularidad que envuelve a los canales de TDT concedidos por el Ejecutivo regional y anulados por el TSJC, puesto que son varias las licencias públicas otorgadas a cabildos y ayuntamientos que, de facto, han caducado porque no han emitido ni un solo minuto, aunque siguen en poder de las corporaciones locales.
Licencias caducadas
Es el caso del Cabildo de Tenerife o del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, o las licencias insulares asignadas a los cabildos de La Palma y La Gomera, el canal Localia en Gran Canaria o los concedidos a los ayuntamientos de La Orotava y varios de La Palma y el norte de La Gomera, lo que obligaría al Gobierno regional a convocar un nuevo concurso de adjudicación, pues en su misma situación están.
La Ley sobre la Comunicación Audiovisual de abril de 2010 establece que, tras seis meses de su entrada en vigor, fecha que se correspondería con el 1 de noviembre de ese año, quedarían "automáticamente extinguidas" las concesiones para la gestión de los canales locales "que no hubieran iniciado sus emisiones dentro del plazo establecido".
Esta circunstancia afectaría de igual manera a los canales atribuidos tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas que llevó a cabo la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno regional el 16 de octubre de 2007
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