El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE) al considerar que para regular las infraestructuras de telecomunicaciones es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental, por los efectos significativos que puede tener en la salud de las personas, trámite, que según advierte, se había omitido.
La sentencia resuelve así el recurso de casación presentado por AVAATE contra el fallo dictado, con fecha 8 de mayo de 2008, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, según informaron fuentes del TSJCyL.
Ahora, la resolución del Supremo admite la casación al considerar que la modificación puntual del Plan General, aprobada por el acuerdo municipal impugnado, adolece de evaluación ambiental, en contra de lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril, y de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, que aquella transpone al ordenamiento interno español, con la naturaleza de disposición estatal básica.
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