El presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy (EFE)
Los frentes que Zapatero abrió en Bruselas los tiene que cerrar ahora Rajoy. Y el sector audiovisual puede provocarle más de un quebradero de cabeza. De hecho, no sólo está en cuestión la financiación de RTVE. Abril es la fecha límite que tiene la Comisión Europea para pronunciarse sobre el expediente que se abrió en septiembre de 2010 con objeto de investigar el sistema de financiación público aplicado para lanzar la Televisión Digital Terrestre (TDT). Un mecanismo susceptible de ser considerado ayuda de Estado ilegal y que podría obligar a devolver los 350 millones en dinero público empleados para extender la señal televisiva a los hogares. Todo un problema para quienes ya han gastado los fondos.
El germen del conflicto viene de lejos. La queja fue presentada por el operador de satélites Astra en mayo de 2009. ¿Su argumento? Que la ampliación de la cobertura a partir del 90% de la población es más eficiente a través del propio satélite y que podría haberse violado el principio de neutralidad tecnológica. Bruselas atendió la reclamación y abrió el expediente tras una investigación preliminar. “La Comisión celebra los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar una transición fluida de la tecnología analógica a la digital. Sin embargo, hay que asegurarse de que cualquier iniciativa pública se lleva a cabo respetando la normativa comunitariasobre ayudas estatales y no discrimine entre las distintas plataformas”, aseguraba el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que ahora tiene la decisión en su mano.
Según las cuentas efectuadas por Astra, ampliar la señal de televisión digital terrestre a entre el 96% y el 98,5% de la población supuso una inversión de327 millones de euros, con un coste de mantenimiento de 67,2 millones anuales. Buena parte de ese importe se habría transferido a las comunidades. La pregunta que ahora está sobre la mesa es cómo se implementaría la devolución de esos fondos si Bruselas así lo determina, un proceso que puede embarcar a sus beneficiarios en un embrollo fenomenal.
“No está claro quién tendría que devolver ese dinero. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya han empleado esos importes para la compra de equipos. También podrían ser los operadores de televisión, que se han beneficiado de esa ampliación de cobertura. O incluso Abertis, que ha utilizado esa infraestructura para dar servicio comercial a los radiodifusores. Habrá que ver que dice Bruselas si las considera ilegales”, aseguran fuentes del sector. Los operadores estaban obligados a cubrir el 96% de la población, en el caso de los privados, y el 98% en el caso de los públicos, lo que dejaba fuera a unos 300.000 hogares y un millón de habitantes. En España, sólo la cobertura del 98,5% al 100% se ha hecho vía satélite.
Abertis ya ha sufrido algunos reveses por su papel en el apagón analógico. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) multaba a la firma catalana con 13,75 millones de euros el pasado mes de febrero por abuso de posición de dominio en el mercado de los servicios de transporte y distribución de la señal de TDT. La denuncia había sido también planteada por Astra, que desde el principio ha sostenido que el modelo se había implementado a la medida de Abertis. En mayo de 2009, la compañía de Salvador Alemany ya había sido sancionada por la CNC con 22,65 millones por conductas restrictivas a la competencia en el ámbito de la TDT.
La financiación de RTVE, en el alero
Claro que la extensión de la TDT puede ser el menor de los problemas para el Gobierno si Bruselas finalmente echa abajo el modelo de financiación de RTVE puesto en marcha por el PSOE, basado en un canon a las telecos y a las televisiones privadas. Un escenario que el PP da por hecho y contempla de forma inminente. La principal inquietud en Génova es que hubiera que reintegrar a las compañías los fondos desembolsados hasta ahora para sufragar la televisión pública. “Ni siquiera sabemos si se ha gastado ya lo que las telecos y las cadenas han pagado en estos dos años y cuál es el plan del PSOE si toca devolverlo”, aseguraban fuentes del PP cuando el partido transitaba por la oposición. La formación aún no ha decidido cómo afrontar la financiación de la Corporación si eso sucede.
La Comisión Europea anunciaba hace ahora un año que llevaría a España ante el Tribunal de la UE por no haber suprimido la tasa a los operadores de telecomunicaciones. Bruselas considera que el nuevo impuesto no está en línea con las normas comunitarias, ya que supone una doble imposición a las empresas y no se emplea en financiar costes de regulación del propio sector. Los máximos responsables de la cadena minimizaban este riesgo en laMemoria incluida en las últimas cuentas anuales. “Los Administradores de la Corporación RTVE consideran que se trata un recurso de incumplimiento, por lo que en ningún caso podría dar lugar a la devolución de lo recaudado por la CMT y, menos aún, a la recuperación de los devengado en 2010 por la Corporación RTVE en relación con las aportaciones de estos operadores de telecomunicaciones”, reza el documento
El germen del conflicto viene de lejos. La queja fue presentada por el operador de satélites Astra en mayo de 2009. ¿Su argumento? Que la ampliación de la cobertura a partir del 90% de la población es más eficiente a través del propio satélite y que podría haberse violado el principio de neutralidad tecnológica. Bruselas atendió la reclamación y abrió el expediente tras una investigación preliminar. “La Comisión celebra los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar una transición fluida de la tecnología analógica a la digital. Sin embargo, hay que asegurarse de que cualquier iniciativa pública se lleva a cabo respetando la normativa comunitariasobre ayudas estatales y no discrimine entre las distintas plataformas”, aseguraba el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que ahora tiene la decisión en su mano.
Según las cuentas efectuadas por Astra, ampliar la señal de televisión digital terrestre a entre el 96% y el 98,5% de la población supuso una inversión de327 millones de euros, con un coste de mantenimiento de 67,2 millones anuales. Buena parte de ese importe se habría transferido a las comunidades. La pregunta que ahora está sobre la mesa es cómo se implementaría la devolución de esos fondos si Bruselas así lo determina, un proceso que puede embarcar a sus beneficiarios en un embrollo fenomenal.
“No está claro quién tendría que devolver ese dinero. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya han empleado esos importes para la compra de equipos. También podrían ser los operadores de televisión, que se han beneficiado de esa ampliación de cobertura. O incluso Abertis, que ha utilizado esa infraestructura para dar servicio comercial a los radiodifusores. Habrá que ver que dice Bruselas si las considera ilegales”, aseguran fuentes del sector. Los operadores estaban obligados a cubrir el 96% de la población, en el caso de los privados, y el 98% en el caso de los públicos, lo que dejaba fuera a unos 300.000 hogares y un millón de habitantes. En España, sólo la cobertura del 98,5% al 100% se ha hecho vía satélite.
Abertis ya ha sufrido algunos reveses por su papel en el apagón analógico. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) multaba a la firma catalana con 13,75 millones de euros el pasado mes de febrero por abuso de posición de dominio en el mercado de los servicios de transporte y distribución de la señal de TDT. La denuncia había sido también planteada por Astra, que desde el principio ha sostenido que el modelo se había implementado a la medida de Abertis. En mayo de 2009, la compañía de Salvador Alemany ya había sido sancionada por la CNC con 22,65 millones por conductas restrictivas a la competencia en el ámbito de la TDT.
La financiación de RTVE, en el alero
Claro que la extensión de la TDT puede ser el menor de los problemas para el Gobierno si Bruselas finalmente echa abajo el modelo de financiación de RTVE puesto en marcha por el PSOE, basado en un canon a las telecos y a las televisiones privadas. Un escenario que el PP da por hecho y contempla de forma inminente. La principal inquietud en Génova es que hubiera que reintegrar a las compañías los fondos desembolsados hasta ahora para sufragar la televisión pública. “Ni siquiera sabemos si se ha gastado ya lo que las telecos y las cadenas han pagado en estos dos años y cuál es el plan del PSOE si toca devolverlo”, aseguraban fuentes del PP cuando el partido transitaba por la oposición. La formación aún no ha decidido cómo afrontar la financiación de la Corporación si eso sucede.
La Comisión Europea anunciaba hace ahora un año que llevaría a España ante el Tribunal de la UE por no haber suprimido la tasa a los operadores de telecomunicaciones. Bruselas considera que el nuevo impuesto no está en línea con las normas comunitarias, ya que supone una doble imposición a las empresas y no se emplea en financiar costes de regulación del propio sector. Los máximos responsables de la cadena minimizaban este riesgo en laMemoria incluida en las últimas cuentas anuales. “Los Administradores de la Corporación RTVE consideran que se trata un recurso de incumplimiento, por lo que en ningún caso podría dar lugar a la devolución de lo recaudado por la CMT y, menos aún, a la recuperación de los devengado en 2010 por la Corporación RTVE en relación con las aportaciones de estos operadores de telecomunicaciones”, reza el documento
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